Derecho

Permanent URI for this collection

http://10.1.4.15:4000/handle/123456789/23

El profesional de la abogacía del programa de Derecho (modalidad presencial) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de Uniremington adquiere la suficiente capacidad analítica, crítica, interdisciplinaria y mediadora para la interpretación de diversas situaciones nacionales e internacionales.

Browse

Now showing 1 - 20 of 301

La regulación constitucional del consumo de sustancias psicoactivas en parques : protección reforzada de los derechos de los niños en la jurisprudencia constitucional colombiana
(Corporación Universitaria Remington, 2026) Rentería Denis, Luis Alberto; Montes Mendoza, Jonatan Andrés; Mora Castellanos, Gabriel Jaime; López Rhenals, Alonso de Jesús
La presente investigación, analiza la regulación constitucional del consumo de sustancias psicoactivas en los parques públicos de Colombia, bajo la premisa de una tensión jurídica persistente entre el derecho al libre desarrollo de la personalidad (En adelante L.D.P) y la protección reforzada de los niños niñas y adolescentes, de tal manera que, el estudio identifica los criterios jurisprudenciales que legitiman la restricción de este comportamiento en el espacio público, sin anular la autonomía individual de los adultos, por lo cual, se adopta una metodología cualitativa de corte hermenéutico fundamentada en el análisis de los artículos 16 y 44 de la Carta Política y en la evolución de la Corte Constitucional desde la sentencia C-221 de 1994 hasta la sentencia C-127 de 2023, así mismo, se incorpora una perspectiva de derecho comparado con las experiencias de Uruguay, México, Chile y Argentina para situar el modelo colombiano en el contexto regional, por consiguiente, se concluye que la prohibición del consumo en entornos recreativos infantiles representa una limitación proporcional y válida que garantiza el interés superior del menor y el derecho a un ambiente sano, además, se establece que esta medida no constituye una persecución al consumidor sino una herramienta de convivencia que asegura entornos seguros y adecuados para el desarrollo integral de la infancia en total consonancia con los principios del Estado Social de Derecho y el respeto por la dignidad humana.
La conciliación como herramienta para la inclusión en materia de discapacidad
(Corporación Universitaria Remington, 2025) Rico Franco, Willian Santiago; Ospina Torres, Edward Fabián
En el presente artículo se abordarán temas relacionados con la discapacidad, repasamos sus modelos básicos (prescindencia, médico o rehabilitador y social) entendiendo que estos tres forman parte de su origen y la evolución tanto en concepto como aplicación hacia la persona, buscando entender y diferenciar el paso de un modelo a otro puesto que cada uno tiene su particularidad, de igual manera revisaremos aspectos importantes del marco normativo en tratándose del soft law sobre discapacidad hasta la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de 2006, que se convirtió en una norma jurídicamente vinculante y marcó un punto de inflexión y finalmente revisaremos la disposición legal en Colombia de la discapacidad ley 1996 del 2019, con el enfoque en materia de conciliación, esto con el objetivo de llegar a la conclusión de que la conciliación es una herramienta para la inclusión en materia de discapacidad.
Limitaciones del acusador privado para desarrollar los actos urgentes de investigación penal en la Ley 1826 de 2017
(Corporación Universitaria Remington, 2025) Gutiérrez Guauque, Richard; Ríos López, Yulitza; Ospina Torres, Edward Fabián
En Colombia La oralidad llego al país para la jurisdicción penal en el año 2005 mediante el SISTEMA PENAL ACUSATORIO y se caracteriza por ser un sistema donde todo se hace en audiencias, hasta el aporte de los elementos materiales probatorios; los testimonios, son pruebas que se practican en el debate del juicio oral, la investigación y acusación esta en cabeza de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION por facultades otorgadas a través del artículo 250 de la carta magna, Con la necesidad de descongestionar los juzgados y apoyar la manifestación del imperio de la ley en nuestro país y el ejercicio de la justicia de forma idónea y eficaz se promulga la ley 18 26 de 2017 mecanismo mediante el cual modifica y adiciona el proceso penal para un determinado catálogo de conductas punibles y se enfoca en tres objetivos definir delitos querellables , establecer un procedimiento especial abreviado para el juzgamiento de las anteriores y regular la figura del acusador privado, este último objetivo no se materializa por la desigualdad de recursos técnicos , como de las limitantes que contiene el derecho positivo para el ejercicio de los actos urgentes de investigación en cabeza de la defensa técnica y su víctima generando así que no se de uso y por tanto no se dé cumplimento al objetivo de la norma en razón a la política criminal el acceso a la justicia llevándonos así a la falta de igualdad y principio de diferencia mencionado por John Rawls en su “teoría de la justicia”.
Análisis del tratamiento penal y su efectividad en la protección de las víctimas del delito de violencia intrafamiliar en Colombia
(Corporación Universitaria Remington, 2025) Arrieta Palacio, Ángeles; Ballesteros Ortiz, Ana Judith; Barrios Campo, Olga Lucía; López Rhenals, Alonso de Jesús
La violencia intrafamiliar continúa representando un desafío crítico para la sociedad colombiana, pues afecta directamente los derechos y la integridad de mujeres, niños, niñas y personas mayores. Aunque el país cuenta con un marco normativo orientado a la prevención, protección y aplicación de medidas judiciales, su implementación y seguimiento no siempre resultan eficaces, lo que genera riesgos adicionales para quienes atraviesan estas situaciones. Este trabajo de investigación se propuso examinar el tratamiento penal de este delito y valorar su efectividad en la garantía de protección a las víctimas en Colombia. Para ello se empleó un enfoque metodológico mixto que incluyó la revisión de documentos jurídicos, jurisprudenciales y estadísticos, así como entrevistas semiestructuradas a profesionales del sector justicia y a víctimas que han tenido contacto con el sistema. Los resultados muestran que, pese a la existencia de herramientas legales para sancionar y visibilizar la violencia intrafamiliar, subsisten barreras estructurales, culturales y operativas que limitan una protección real y oportuna. En cuanto al enfoque penal, los hallazgos indican que su aplicación aislada resulta insuficiente para responder integralmente a la problemática, pues se requieren intervenciones articuladas que aborden tanto las dinámicas de violencia como sus impactos. Se evidencia también que, aunque existen esfuerzos institucionales para incorporar el enfoque de género y mejorar la atención, persisten vacíos en la interpretación, sensibilización y práctica de los operadores judiciales. Esto refuerza la necesidad de avanzar hacia políticas públicas más coherentes y transversales que fortalezcan la prevención, la atención psicosocial y la reparación integral.
Análisis de la Ley 1934 de 2018 : una mirada a la autonomía de la voluntad y la libertad testamentaria
(Corporación Universitaria Remington, 2025) González Ramírez, Beatriz del Carmen; Toscano Márquez, Yosel Antonio; Sibaja Pastrana, Ana Milena; Pastrana Tovar, Levis Esther
La Ley 1934 de 2018 introdujo modificaciones relevantes en la sucesión testada, al ampliar la libertad del testador para disponer de sus bienes, eliminar la cuarta de mejoras y aumentar la porción de libre disposición. También reguló aspectos relacionados con asignaciones forzosas, donaciones y desheredamiento, garantizando al mismo tiempo la protección de los legitimarios y el cumplimiento de los alimentos obligatorios. Este estudio, basado en un análisis documental, examina cómo la reforma fortalece la autonomía de la voluntad dentro del marco sucesoral, en concordancia con principios constitucionales como el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la propiedad privada. Se espera como resultado evidenciar que la Ley 1934 de 2018 logra un equilibrio entre la libertad individual del testador y la equidad hereditaria, siguiendo la línea evolutiva iniciada con la Ley 29 de 1982 al reconocer la igualdad de derechos entre los hijos.
El derecho fundamental al a consulta previa en favor de los pueblos indígenas y comunidades étnicas en Colombia
(Corporación Universitaria Remington, 2025) Díaz Pacheco, Mario Andrés; Villorina Salcedo, Luisa Katherine; de Vargas Salgado, Cleer del Carmen; Hernández Andrade, Rhonald Ricardo
El derecho fundamental a la consulta previa en Colombia protege a los pueblos indígenas y comunidades étnicas, garantizando su participación en decisiones que afecten directamente sus territorios, sus costumbres y su vida comunitaria, este derecho tiene fundamento en el convenio 169 de la OIT incorporado al ordenamiento jurídico mediante la ley 21 de 1991 y hace parte del bloque de constitucionalidad conforme al artículo 93, la jurisprudencia de la corte constitucional ha establecido que la consulta previa es obligatoria en casos de medidas legislativas o administrativas planes de desarrollo, explotación de recursos y enajenación de tierras y ha precisado que constituye una garantía de autodeterminación preservación cultural y protección territorial; la identificación de estas comunidades se realiza con criterios objetivos como la ascendencia y las instituciones propias y subjetivos como la autoidentificación siendo ambos complementarios, finalmente se reconoce que este derecho puede ser exigido a través de la acción de tutela y que su desarrollo ha sido fortalecido tanto en la normativa nacional como en el derecho comparado.
Conciliación con enfoque en género
(Corporación Universitaria Remington, 2026) Méndez Bernal, Sara Virginia; Arias Triana, Angie Alexandra
La violencia contra la mujer es una de las problemáticas mas graves y persistentes en el mundo, en donde influye tanto en los grupos sociales, culturales, económicos y religiosos. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), su definición internacional es “cualquier acto de violencia de género que tenga como efecto o que tenga la posibilidad de tener como consecuencia, un perjuicio o un sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de la mujer, incluyendo amenazas a cometer de dichos actos, coerciones o privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”. Analizar la violencia de género en Colombia, desde varios puntos de vista; desde un ámbito jurídico, social, psicológico e Interdisciplinario; con los mecanismos de estudio del marco constitucional, jurisprudencial y legal, igual que los derechos humanos internacionales, toda vez que se requiere definir qué tan efectiva y eficaz es la norma y los entes en la prevención, atención, protección y medios de sanción de las conductas; los fenómenos sociales y estructurales, identificando las consecuencias emocionales y de conducta de las victimas y de los victimarios; al fin de comprender los inicios, las causas y realizar estudios para determinar si la norma está estructurada para prever y proteger a todos los ciudadanos; toda vez que se requiere identificar si hay vacíos con respecto a la norma que nos da las garantías.
Recurso de nulidad en derecho electoral : preservando la democracia
(Corporación Universitaria Remington, 2025) Gómez Ramírez, Isamar; Sarabia Tarazona, Karen Yuliana; Guzmán Quintero, Aldemar
El derecho electoral, como rama del derecho público, se encarga de establecer las normas que regulan la organización y el desarrollo de las elecciones, su objetivo es garantizar la transparencia, legalidad y legitimidad, así como proteger los derechos políticos de los ciudadanos (González, 2023). El recurso de nulidad es el mecanismo legal con el que se pueden impugnar las elecciones que tienen vicios de legalidad que afectan su validez, garantizando que los resultados sean voluntad popular y salvaguardando los derechos políticos de los ciudadanos (Benavides, 2020). La problemática de esta investigación está basada en determinar cómo la acción de nulidad protege los derechos y garantiza que los actos electorales viciados sean corregidos efectivamente para que tengan transparencia y legitimidad (Aguayo y Hernández, 2000). La pregunta problema es: ¿Cómo el recurso de nulidad protege los derechos de los ciudadanos en el proceso electoral?. El objetivo general consiste en examinar el rol de la nulidad electoral como instrumento de control y protección de la democracia. Se emplea la metodología doctrinal, como señalan Hernández et al., (2014), permitiendo estudiar normas, teorías y su aplicación práctica en tribunales. El resultado principal evidencia que la acción de nulidad electoral es un instrumento que garantiza la transparencia y preserva los derechos fundamentales de las personas (Cabrera, 2018). La conclusión relevante es que, cuando el recurso de nulidad se aplica debidamente, garantiza procesos electorales confiables respetando los derechos de la participación política.
Falta de acceso a la pensión de vejez del campesinado : análisis crítico
(Corporación Universitaria Remington, 2025) Sibaja Molina, Thalia Marlen; Arroyo Combatt, Brayan David; González Hernández, Edwin Enrique; Pastrana Tovar, Levis Esther
Este estudio aborda la falta de acceso a la pensión de vejez del campesinado colombiano, un problema derivado del desconocimiento y las barreras en el sistema pensional. A pesar de la Ley 100 de 1993, que diversificó las opciones entre Colpensiones y los fondos privados (RAIS), muchos trabajadores rurales, a menudo informales, permanecen ajenos a sus derechos y beneficios. La investigación analiza cómo la comunicación inadecuada de las entidades pensionales contribuye a esta brecha, dejando a los campesinos con información obsoleta o anecdótica. Si bien hubo intentos, como el Conpes de 1998, de adaptar la normativa para este grupo, las medidas no generaron una afiliación temprana, enfocándose en quienes ya estaban próximos a pensionarse. Se concluye que la pensión, un derecho social amparado por la Constitución Política, requiere una estrategia más efectiva y accesible para garantizar que el campesinado colombiano pueda planificar y acceder a una vejez digna.
Apoyo, accesibilidad y autonomía para personas en condición de discapacidad en procesos de conciliación
(Corporación Universitaria Remington, 2026) Russi López, Juliana; Agudelo Taborda, Santiago
El artículo analiza los desafíos que enfrentan las personas en condición de discapacidad para participar de manera efectiva, autónoma y en igualdad de condiciones en la conciliación extrajudicial en derecho en Colombia. Mediante la metodología cualitativa con enfoque analítico-documental, se examinan las barreras físicas, comunicativas, procedimentales y actitudinales que limitan su acceso a estos mecanismos de resolución de conflictos. La investigación se organiza en tres ejes: la identificación y articulación de apoyos formales e informales para fortalecer la toma de decisiones y la participación autónoma; el estudio de la autonomía jurídica como elemento clave para garantizar la autodeterminación y la intervención activa en los procesos conciliatorios; y el análisis del impacto de la implementación anticipada y colectiva de medidas de accesibilidad y ajustes razonables en los procedimientos jurídicos. Se deduce que la inclusión no depende de solicitudes individuales, al contrario, consolidarse como un deber estructural del sistema de justicia, orientado a eliminar desigualdades, prevenir la discriminación y fortalecer la legitimidad institucional, con el propósito de garantizar la dignidad humana, la igualdad real y el acceso efectivo a la justicia.
La justicia agraria y rural en Colombia : retos y posibilidades en la garantía de los derechos campesinos
(Corporación Universitaria Remington, 2025) Pereira Gaviria, José Carlos; Parra Sariego, Elys Yohana; Martínez Hernández, Sonia Inés; Fernández, Jader Aleans
La situación agraria en Colombia evidencia una deuda histórica con las comunidades campesinas debido a la falta de una jurisdicción especializada que garantice de manera efectiva los derechos sobre la tierra. Esta ausencia, sumada a la débil formación agraria de los operadores judiciales y a la tardía implementación de los mandatos constitucionales y del Acuerdo Final de Paz, ha perpetuado conflictos territoriales, inseguridad jurídica y exclusión rural. La idea central sostiene que la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural, incorporada por el Acto Legislativo 03 de 2023 y desarrollada por el Proyecto de Ley 183 de 2024, representa una oportunidad para transformar el acceso a la justicia en el campo, siempre que se enfrenten los desafíos institucionales, técnicos y sociales que aún persisten. El estudio emplea un enfoque cualitativo basado en revisión normativa, jurisprudencial e histórica, lo que permite comprender cómo las fallas estructurales del sistema judicial han impactado la protección de los derechos campesinos y la distribución equitativa de la tierra. Sus objetivos se orientan a identificar los principales obstáculos del acceso a la justicia, examinar la evolución de la regulación agraria y evaluar el potencial de la nueva jurisdicción para fortalecer la equidad territorial y la seguridad jurídica, se concluye que, la consolidación de una justicia agraria especializada es esencial para reducir conflictos, garantizar derechos y avanzar hacia un modelo rural más justo, participativo y coherente con las realidades del campesinado colombiano.
La eficacia de la conciliación y la mediación penal, análisis de su aplicación en delitos querellables y delitos comunes
(Corporación Universitaria Remington, 2025) Gañán Jaramillo, Jorge Andrés; Mondragón Duarte, Sergio Luis
Este informe tiene como propósito analizar la efectividad de los mecanismos de conciliación y mediación penal, en relación con los delitos querellables y ciertos delitos comunes. El estudio parte de una perspectiva jurídico y social que asume el acceso efectivo a la justicia no solo como una garantía procesal y política pública, sino como un componente clave para la restauración del tejido social en contextos urbanos marcados por la desigualdad, el conflicto cotidiano y la sobrecarga del sistema penal por el gran cumulo de casos que se representan por denuncias instauradas. La conciliación y la mediación penal son herramientas de justicia restaurativa promovidas por el ordenamiento jurídico colombiano como alternativas a la judicialización común y tradicional. Estas figuras no sólo representan una forma de resolución pacífica de conflictos, sino también una oportunidad para transformar la forma en que las instituciones, la sociedad y los individuos enfrentan la criminalidad de baja lesividad. A pesar de su inclusión normativa, diversos estudios y diagnósticos, incluyendo documentos oficiales de la Fiscalía General de la Nación, revelan un bajo uso de estos mecanismos en la práctica judicial y penal, especialmente en contextos urbanos donde se presentan retos estructurales y operativos para su implementación toda vez que la institución depende de convenios exteriores con entidades públicas y privadas para desarrollar este tipo de conciliaciones que en algunos casos tardan hasta dieciocho meses para se realice. Se concluye que, aunque existen avances normativos y experiencias positivas en algunos casos, todavía es necesario fortalecer los programas institucionales, mejorar la formación de operadores judiciales y generar conciencia ciudadana sobre el conocimiento adecuado, la utilidad y pertinencia de estos mecanismos en el sistema penal colombiano. En ese sentido, se plantean recomendaciones orientadas a consolidar la justicia restaurativa como un pilar estratégico para el tratamiento de delitos menores, que conlleven a una satisfacción por parte de las víctimas y una aplicabilidad efectiva de la justicia por la institucionalidad.
Contratación estatal en Colombia : haciendo las cosas más claras con SECOP II
(Corporación Universitaria Remington, 2025) Serrano Vergel, Naffy Sheila; Meriño Vásquez, Cristian Andrés; Valencia Burgos, Luis Carlos
Imaginemos que el gobierno necesita comprar materiales para una escuela o contratar a alguien para arreglar una carretera: al ser una entidad pública, que debe rendir cuenta por cualquier actividad que realice, lo que debe hacer es presentar una licitación pública para escoger la oferta más rentable a los intereses que está buscando. Eso es de lo que se encarga la contratación estatal en Colombia. Aquí encontraremos la forma más diligente de que los recursos públicos sean usados de manera clara y efectiva, cuidando en el proceso, que los recursos no se pierdan o sean empleados para una situación diferente a la solicitada. El objetivo de este estudio es analizar cómo se ha implementado y cómo ha evolucionado la contratación estatal en Colombia y por qué SECOP II, una plataforma digital lanzada en 2015, está haciendo que todo sea más transparente y justo, combinando lo mejor de ideas previas. Vemos que SECOP II ha impulsado un aumento del 40% en la participación de microempresas desde 2016, según datos de Colombia Compra Eficiente (Colombia Compra Eficiente, 2025), pero aún enfrenta problemas como la brecha digital en zonas rurales y la corrupción que causa pérdidas de hasta 2.8 billones de pesos al año, reportado por la Procuraduría General en 2024(Procuraduría General de la Nación, 2024); (Universidad Externado de Colombia, 2025); (Universidad de los Andes, 2024). La pregunta que nos planteamos es ¿podrá el SECOP II ser la herramienta idónea para lograr acabar con la corrupción en la contratación estatal? Al final, proponemos mejoras para que sea aún mejor, porque esto ayuda a que todos confiemos más en cómo se gasta nuestro dinero público.
Contratación estatal, tipologías contractuales y condiciones excepcionales en la contratación pública en Colombia
(Corporación Universitaria Remington, 2025) Paternina Anaya, Tirsa Rosiris; Peña Sánchez, Milena Karina; Valencia Burgos, Luis Carlos
Este artículo tiene como objetivo examinar las diversas clases de contratos presentes en Colombia y sus elementos significativos, y comprender la relación entre las cláusulas exorbitantes y/o excepciones del derecho común. La estructura del contenido se divide en dos partes principales. En primer lugar, se refiere a contratos gubernamentales, y un contrato gubernamental se define para describir su naturaleza jurídica y las partes involucradas, que normalmente incluyen entidades gubernamentales y contratistas. En segundo lugar, se examinan cláusulas extraordinarias como las de interpretación, alteración, finalización, caducidad, entre otras, que son derechos de la administración pública para intervenir en la ejecución del contrato. De acuerdo con la ley 80 de 1993, el legislador restringió la extensión de su inclusión a tres circunstancias: la primera, obligatoria; la segunda, autorización de ambas partes; la tercera, prohibida (acuerdos con la comunidad internacional, acuerdos de colaboración, ayuda o asistencia, acuerdos interadministrativos, préstamos, entre otros); actividades realizadas por entidades estatales, contratos de seguros, y acuerdos orientados a la actividad comercial e industrial. Sé que la falta de comprensión y buena aplicación de las tipologías contractuales y cláusulas excepcionales puede causar mala gestión de recursos y conflictos legales entre el contratante y el contratista. Esto se debe a que estas tipologías definen las obligaciones de cada parte. Además, la falta de claridad puede generar desconfianza en las instituciones estatales. Por lo tanto, es importante entender y aplicar correctamente estas normativas para evitar problemas y mejorar la gestión de recursos.
Responsabilidad penal y disciplinaria derivada de la contratación estatal
(Corporación Universitaria Remington, 2025) Garcés Sotelo, Yeison José; Ramos Padilla, Luz Aida; Valencia Burgos, Luis Carlos
La responsabilidad penal y disciplinaria derivada de la contratación estatal se evidencia en la falta que comenten los servidores públicos a la hora de realizar la actividad contractual, cometiendo conductas que encajan en la estructura de la responsabilidad penal y disciplinaria, en la primera se encuentra la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad y en la segunda se enlistan la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad, teniendo diferencia con la responsabilidad penal, toda vez que en la responsabilidad disciplinaria la culpa leve no es objeto de sanción, pero no ocurre así en la culpa grave y gravísima. La tipicidad disciplinaria se describe en la norma, en el artículo 54 de la ley 1952 de 2019; la ilicitud sustancial es el incumplimiento del deber con una trascendencia en la funciones propias, haciendo referencia a tres puntos específicamente, el primero, al cumplimiento estricto, propias de las funciones del cargo, segundo, la obligación de actuar acorde a la ley y la constitución, y tercero, garantizar una adecuada representación del Estado en el cumplimiento de los servicios que este presta a la comunidad; y la culpabilidad es el elemento subjetivo, no existe responsabilidad objetiva en el derecho disciplinario.
Enfoque holístico de la etapa contractual en la contratación estatal y SECOP II
(Corporación Universitaria Remington, 2025) Álvarez López, Alfaima de Jesús; Mangones Ballesteros, Jesús David; Valencia Burgos, Luis Carlos
El contrato estatal, no puede ser entendido como una simple relación bilateral entre partes equiparables. Como bien lo sostiene Rivero (2002), el derecho administrativo se caracteriza por imponer al derecho común ciertas derogaciones necesarias para preservar el interés público. En ese sentido, el contrato estatal está regido por principios que permiten al Estado ejercer prerrogativas especiales (como la caducidad, la modificación unilateral o la terminación anticipada), para que la prestación de los servicios públicos resulte según lo esperado y lo dispuesto, siendo de este modo, garante de la protección del patrimonio colectivo. Desde esta óptica, el contrato no constituye un fin en sí mismo, sino un instrumento del aparato administrativo para cumplir con los cometidos estatales. De acuerdo con Dávila (2017), “el contrato debe ser concebido como un mecanismo para la realización de bienes públicos, enmarcado en una lógica de responsabilidad y control”. Esta visión, profundamente arraigada en el derecho administrativo francés, nos recuerda que la administración conserva un margen de discrecionalidad y poder en su rol de ejecutora del gasto público, sin que por ello se desconozcan los derechos del contratista. Un detalle de significativa consideración, recae en las transformaciones de impacto que sufrido el sistema de contratación estatal colombiano, en procura de un mejoramiento profundo hacia la eficiencia y la eficacia, que o han llevado de un modelo anacrónico hacia un formato más moderno y prometedor de mejores resultados, lo cual ha dado lugar a un marco jurídico que bien podría parecer genérico, que aporta soluciones generales, pero que, en esencia no concreta detalles precisos, no obstante, es a partir de las reglamentaciones que se la etapa contractual de la contratación estatal toma se empieza a mirar con juicios morales, éticos y de calidad en todas sus extensiones y durante su periodo de existencia (Quintanilla, 2017 y Pérez, 2024). En el presente ensayo, se describe de manera general, la etapa contractual de la contratación estatal y los elementos más relevantes que en ella intervienen, dentro de los cuales Hitscherich (2005) y López (2010) consideran imprescindible analizar los pagos anticipados, las, las sanciones, y los problemas asociados a las sinergias que componen el sistema de control desde el marco administrativo, identificando así los flagelos a que se puedan haber lugar por funcionamiento o implementación inadecuados según señalan diversos autores (Castro, et al, 2016; Santamaría, 2018 y Pérez, 2024). Se concluye que la etapa contractual no puede analizarse como una simple fase operativa, sino como un proceso transversal donde confluyen principios constitucionales, funciones administrativas, derechos fundamentales y deberes recíprocos, en el que el Estado actúa como garante del interés público. La figura del contratista, por tanto, no debe verse como un simple ejecutor, sino como un corresponsable de que, el gasto público obedezca a lo planeado y esté comprendido dentro de los estándares de legalidad del contrato.
La tensión entre el derecho administrativo y la autonomía de la voluntad en la contratación estatal colombiana
(Corporación Universitaria Remington, 2025) Fadul Ortiz, María Alejandra; Roqueme Posada, Maruja Esther; Valencia Burgos, Luis Carlos
El presente ensayo analiza la tensión entre el Derecho Administrativo y el principio de autonomía de la voluntad en el contexto de la contratación estatal en Colombia dado que si bien la normativa constitucional y legal permite a las partes definir libremente las condiciones contractuales esta libertad se ve limitada por la imposición de cláusulas excepcionales al Derecho común que otorgan prerrogativas unilaterales a la administración pública en aras de garantizar el cumplimiento de los fines del Estado y la protección del interés general, por tanto, se examina si dichas cláusulas pueden considerarse verdaderas expresiones de la voluntad contractual o si en realidad constituyen privilegios conferidos por el legislador que afectan la igualdad entre las partes y desnaturalizan el concepto mismo de cláusula contractual, se plantea que la autonomía de la voluntad ha sido históricamente reconocida como un principio esencial en la formación de los negocios jurídicos, sin embargo, en la contratación estatal este principio se ve restringido por normas legales que atribuyen a la entidad pública, poderes unilaterales como la modificación y la terminación del contrato sin que el contratista intervenga activamente en su configuración, el análisis concluye que las cláusulas excepcionales en la contratación estatal no emergen del consenso sino que son disposiciones impuestas por la ley que reflejan el carácter autoritario del poder público y alteran el equilibrio contractual, por ende resulta necesario repensar su aplicación para armonizar el principio de legalidad con una interpretación garantista de la autonomía contractual en el marco de un Estado Social de Derecho que respete los derechos de los contratistas.
El dominio sobre el dinero en la contratación estatal colombiana : anticipo vs. pago anticipado
(Corporación Universitaria Remington, 2025) Ensuncho Hoyos, Camilo Ernesto; Valencia Burgos, Luis Carlos
El presente ensayo argumentativo explora con profundidad la distinción sustancial y las implicaciones jurídicas que separan las figuras del anticipo y el pago anticipado dentro del marco de la contratación pública en Colombia. De tal manera, que el análisis que aquí se plasma reside en establecer la diferencia esencial entre ellas de acuerdo al marco normativo colombiano. El propósito es demostrar cómo el concepto de propiedad sobre el dinero se convierte en el factor determinante que configura la contratación estatal. Así pues, se concluye que un entendimiento preciso y una aplicación rigurosa de esta distinción se consideran pilares fundamentales para la seguridad jurídica, la transparencia administrativa y la protección efectiva del erario.
Analogía jurídica y argumentativa de los cambios en la contratación estatal en Colombia
(Corporación Universitaria Remington, 2025) Montes Martínez, Silvia Karina; Benítez Arteaga, Maira Esther; Valencia Burgos, Luis Carlos
Este ensayo realiza un análisis jurídico y argumentativo de los cambios normativos que han transformado la contratación estatal en Colombia durante las últimas décadas. Se examinan las reformas introducidas mediante leyes, decretos y reglamentos, con énfasis en su impacto sobre la eficiencia administrativa y la lucha contra la corrupción. La investigación se fundamenta exclusivamente en el ordenamiento jurídico colombiano y se desarrolla a partir de un enfoque normativo, doctrinal y jurisprudencial. Se plantea como pregunta orientadora si dichos cambios han sido realmente eficaces para corregir las deficiencias estructurales del sistema de contratación pública. Finalmente, se incorpora una perspectiva comparada al régimen de contratación estatal anterior, y se formulan propuestas orientadas al fortalecimiento institucional y al cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho.
Conciliación en derecho laboral colombiano
(Corporación Universitaria Remington, 2025) Salazar Barbosa, Brayam Mauricio; Perea Fonseca, Niger; Rodríguez Meléndez, Eduard Humberto; Ospina Torres, Edward Fabián
La conciliación en el derecho laboral colombiano es un mecanismo alternativo mediante el cual las partes, con la intervención de un tercero neutral, buscan resolver sus conflictos sin necesidad de acudir a un proceso judicial. La jurisprudencia la reconoce como una herramienta fundamental para garantizar el acceso a la justicia, promover la participación directa de las partes y reducir la congestión en la rama judicial. A través de este mecanismo pueden solucionarse disputas individuales o colectivas entre empleador y trabajador, incluyendo aquellas surgidas por pliegos de petición. Además, la conciliación constituye un requisito de procedibilidad en conflictos sobre derechos inciertos y discutibles. Desde un enfoque cualitativo y descriptivo, se identifica su relevancia como instrumento de resolución pacífica, que genera acuerdos de obligatorio cumplimiento y cuenta con protección especial del Estado, dada su relación con derechos fundamentales (Restrepo Vergara, 2017).

Browse

Recent Submissions