Derecho
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El profesional de la abogacía del programa de Derecho (modalidad presencial) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de Uniremington adquiere la suficiente capacidad analítica, crítica, interdisciplinaria y mediadora para la interpretación de diversas situaciones nacionales e internacionales.
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Publication Contratación estatal en Colombia : haciendo las cosas más claras con SECOP II(Corporación Universitaria Remington, 2025) Serrano Vergel, Naffy Sheila; Meriño Vásquez, Cristian Andrés; Valencia Burgos, Luis CarlosImaginemos que el gobierno necesita comprar materiales para una escuela o contratar a alguien para arreglar una carretera: al ser una entidad pública, que debe rendir cuenta por cualquier actividad que realice, lo que debe hacer es presentar una licitación pública para escoger la oferta más rentable a los intereses que está buscando. Eso es de lo que se encarga la contratación estatal en Colombia. Aquí encontraremos la forma más diligente de que los recursos públicos sean usados de manera clara y efectiva, cuidando en el proceso, que los recursos no se pierdan o sean empleados para una situación diferente a la solicitada. El objetivo de este estudio es analizar cómo se ha implementado y cómo ha evolucionado la contratación estatal en Colombia y por qué SECOP II, una plataforma digital lanzada en 2015, está haciendo que todo sea más transparente y justo, combinando lo mejor de ideas previas. Vemos que SECOP II ha impulsado un aumento del 40% en la participación de microempresas desde 2016, según datos de Colombia Compra Eficiente (Colombia Compra Eficiente, 2025), pero aún enfrenta problemas como la brecha digital en zonas rurales y la corrupción que causa pérdidas de hasta 2.8 billones de pesos al año, reportado por la Procuraduría General en 2024(Procuraduría General de la Nación, 2024); (Universidad Externado de Colombia, 2025); (Universidad de los Andes, 2024). La pregunta que nos planteamos es ¿podrá el SECOP II ser la herramienta idónea para lograr acabar con la corrupción en la contratación estatal? Al final, proponemos mejoras para que sea aún mejor, porque esto ayuda a que todos confiemos más en cómo se gasta nuestro dinero público.Publication Contratación estatal, tipologías contractuales y condiciones excepcionales en la contratación pública en Colombia(Corporación Universitaria Remington, 2025) Paternina Anaya, Tirsa Rosiris; Peña Sánchez, Milena Karina; Valencia Burgos, Luis CarlosEste artículo tiene como objetivo examinar las diversas clases de contratos presentes en Colombia y sus elementos significativos, y comprender la relación entre las cláusulas exorbitantes y/o excepciones del derecho común. La estructura del contenido se divide en dos partes principales. En primer lugar, se refiere a contratos gubernamentales, y un contrato gubernamental se define para describir su naturaleza jurídica y las partes involucradas, que normalmente incluyen entidades gubernamentales y contratistas. En segundo lugar, se examinan cláusulas extraordinarias como las de interpretación, alteración, finalización, caducidad, entre otras, que son derechos de la administración pública para intervenir en la ejecución del contrato. De acuerdo con la ley 80 de 1993, el legislador restringió la extensión de su inclusión a tres circunstancias: la primera, obligatoria; la segunda, autorización de ambas partes; la tercera, prohibida (acuerdos con la comunidad internacional, acuerdos de colaboración, ayuda o asistencia, acuerdos interadministrativos, préstamos, entre otros); actividades realizadas por entidades estatales, contratos de seguros, y acuerdos orientados a la actividad comercial e industrial. Sé que la falta de comprensión y buena aplicación de las tipologías contractuales y cláusulas excepcionales puede causar mala gestión de recursos y conflictos legales entre el contratante y el contratista. Esto se debe a que estas tipologías definen las obligaciones de cada parte. Además, la falta de claridad puede generar desconfianza en las instituciones estatales. Por lo tanto, es importante entender y aplicar correctamente estas normativas para evitar problemas y mejorar la gestión de recursos.Publication Responsabilidad penal y disciplinaria derivada de la contratación estatal(Corporación Universitaria Remington, 2025) Garcés Sotelo, Yeison José; Ramos Padilla, Luz Aida; Valencia Burgos, Luis CarlosLa responsabilidad penal y disciplinaria derivada de la contratación estatal se evidencia en la falta que comenten los servidores públicos a la hora de realizar la actividad contractual, cometiendo conductas que encajan en la estructura de la responsabilidad penal y disciplinaria, en la primera se encuentra la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad y en la segunda se enlistan la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad, teniendo diferencia con la responsabilidad penal, toda vez que en la responsabilidad disciplinaria la culpa leve no es objeto de sanción, pero no ocurre así en la culpa grave y gravísima. La tipicidad disciplinaria se describe en la norma, en el artículo 54 de la ley 1952 de 2019; la ilicitud sustancial es el incumplimiento del deber con una trascendencia en la funciones propias, haciendo referencia a tres puntos específicamente, el primero, al cumplimiento estricto, propias de las funciones del cargo, segundo, la obligación de actuar acorde a la ley y la constitución, y tercero, garantizar una adecuada representación del Estado en el cumplimiento de los servicios que este presta a la comunidad; y la culpabilidad es el elemento subjetivo, no existe responsabilidad objetiva en el derecho disciplinario.Publication Enfoque holístico de la etapa contractual en la contratación estatal y SECOP II(Corporación Universitaria Remington, 2025) Álvarez López, Alfaima de Jesús; Mangones Ballesteros, Jesús David; Valencia Burgos, Luis CarlosEl contrato estatal, no puede ser entendido como una simple relación bilateral entre partes equiparables. Como bien lo sostiene Rivero (2002), el derecho administrativo se caracteriza por imponer al derecho común ciertas derogaciones necesarias para preservar el interés público. En ese sentido, el contrato estatal está regido por principios que permiten al Estado ejercer prerrogativas especiales (como la caducidad, la modificación unilateral o la terminación anticipada), para que la prestación de los servicios públicos resulte según lo esperado y lo dispuesto, siendo de este modo, garante de la protección del patrimonio colectivo. Desde esta óptica, el contrato no constituye un fin en sí mismo, sino un instrumento del aparato administrativo para cumplir con los cometidos estatales. De acuerdo con Dávila (2017), “el contrato debe ser concebido como un mecanismo para la realización de bienes públicos, enmarcado en una lógica de responsabilidad y control”. Esta visión, profundamente arraigada en el derecho administrativo francés, nos recuerda que la administración conserva un margen de discrecionalidad y poder en su rol de ejecutora del gasto público, sin que por ello se desconozcan los derechos del contratista. Un detalle de significativa consideración, recae en las transformaciones de impacto que sufrido el sistema de contratación estatal colombiano, en procura de un mejoramiento profundo hacia la eficiencia y la eficacia, que o han llevado de un modelo anacrónico hacia un formato más moderno y prometedor de mejores resultados, lo cual ha dado lugar a un marco jurídico que bien podría parecer genérico, que aporta soluciones generales, pero que, en esencia no concreta detalles precisos, no obstante, es a partir de las reglamentaciones que se la etapa contractual de la contratación estatal toma se empieza a mirar con juicios morales, éticos y de calidad en todas sus extensiones y durante su periodo de existencia (Quintanilla, 2017 y Pérez, 2024). En el presente ensayo, se describe de manera general, la etapa contractual de la contratación estatal y los elementos más relevantes que en ella intervienen, dentro de los cuales Hitscherich (2005) y López (2010) consideran imprescindible analizar los pagos anticipados, las, las sanciones, y los problemas asociados a las sinergias que componen el sistema de control desde el marco administrativo, identificando así los flagelos a que se puedan haber lugar por funcionamiento o implementación inadecuados según señalan diversos autores (Castro, et al, 2016; Santamaría, 2018 y Pérez, 2024). Se concluye que la etapa contractual no puede analizarse como una simple fase operativa, sino como un proceso transversal donde confluyen principios constitucionales, funciones administrativas, derechos fundamentales y deberes recíprocos, en el que el Estado actúa como garante del interés público. La figura del contratista, por tanto, no debe verse como un simple ejecutor, sino como un corresponsable de que, el gasto público obedezca a lo planeado y esté comprendido dentro de los estándares de legalidad del contrato.Publication La tensión entre el derecho administrativo y la autonomía de la voluntad en la contratación estatal colombiana(Corporación Universitaria Remington, 2025) Fadul Ortiz, María Alejandra; Roqueme Posada, Maruja Esther; Valencia Burgos, Luis CarlosEl presente ensayo analiza la tensión entre el Derecho Administrativo y el principio de autonomía de la voluntad en el contexto de la contratación estatal en Colombia dado que si bien la normativa constitucional y legal permite a las partes definir libremente las condiciones contractuales esta libertad se ve limitada por la imposición de cláusulas excepcionales al Derecho común que otorgan prerrogativas unilaterales a la administración pública en aras de garantizar el cumplimiento de los fines del Estado y la protección del interés general, por tanto, se examina si dichas cláusulas pueden considerarse verdaderas expresiones de la voluntad contractual o si en realidad constituyen privilegios conferidos por el legislador que afectan la igualdad entre las partes y desnaturalizan el concepto mismo de cláusula contractual, se plantea que la autonomía de la voluntad ha sido históricamente reconocida como un principio esencial en la formación de los negocios jurídicos, sin embargo, en la contratación estatal este principio se ve restringido por normas legales que atribuyen a la entidad pública, poderes unilaterales como la modificación y la terminación del contrato sin que el contratista intervenga activamente en su configuración, el análisis concluye que las cláusulas excepcionales en la contratación estatal no emergen del consenso sino que son disposiciones impuestas por la ley que reflejan el carácter autoritario del poder público y alteran el equilibrio contractual, por ende resulta necesario repensar su aplicación para armonizar el principio de legalidad con una interpretación garantista de la autonomía contractual en el marco de un Estado Social de Derecho que respete los derechos de los contratistas.Publication El dominio sobre el dinero en la contratación estatal colombiana : anticipo vs. pago anticipado(Corporación Universitaria Remington, 2025) Ensuncho Hoyos, Camilo Ernesto; Valencia Burgos, Luis CarlosEl presente ensayo argumentativo explora con profundidad la distinción sustancial y las implicaciones jurídicas que separan las figuras del anticipo y el pago anticipado dentro del marco de la contratación pública en Colombia. De tal manera, que el análisis que aquí se plasma reside en establecer la diferencia esencial entre ellas de acuerdo al marco normativo colombiano. El propósito es demostrar cómo el concepto de propiedad sobre el dinero se convierte en el factor determinante que configura la contratación estatal. Así pues, se concluye que un entendimiento preciso y una aplicación rigurosa de esta distinción se consideran pilares fundamentales para la seguridad jurídica, la transparencia administrativa y la protección efectiva del erario.Publication Analogía jurídica y argumentativa de los cambios en la contratación estatal en Colombia(Corporación Universitaria Remington, 2025) Montes Martínez, Silvia Karina; Benítez Arteaga, Maira Esther; Valencia Burgos, Luis CarlosEste ensayo realiza un análisis jurídico y argumentativo de los cambios normativos que han transformado la contratación estatal en Colombia durante las últimas décadas. Se examinan las reformas introducidas mediante leyes, decretos y reglamentos, con énfasis en su impacto sobre la eficiencia administrativa y la lucha contra la corrupción. La investigación se fundamenta exclusivamente en el ordenamiento jurídico colombiano y se desarrolla a partir de un enfoque normativo, doctrinal y jurisprudencial. Se plantea como pregunta orientadora si dichos cambios han sido realmente eficaces para corregir las deficiencias estructurales del sistema de contratación pública. Finalmente, se incorpora una perspectiva comparada al régimen de contratación estatal anterior, y se formulan propuestas orientadas al fortalecimiento institucional y al cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho.Publication Conciliación en derecho laboral colombiano(Corporación Universitaria Remington, 2025) Salazar Barbosa, Brayam Mauricio; Perea Fonseca, Niger; Rodríguez Meléndez, Eduard Humberto; Ospina Torres, Edward FabiánLa conciliación en el derecho laboral colombiano es un mecanismo alternativo mediante el cual las partes, con la intervención de un tercero neutral, buscan resolver sus conflictos sin necesidad de acudir a un proceso judicial. La jurisprudencia la reconoce como una herramienta fundamental para garantizar el acceso a la justicia, promover la participación directa de las partes y reducir la congestión en la rama judicial. A través de este mecanismo pueden solucionarse disputas individuales o colectivas entre empleador y trabajador, incluyendo aquellas surgidas por pliegos de petición. Además, la conciliación constituye un requisito de procedibilidad en conflictos sobre derechos inciertos y discutibles. Desde un enfoque cualitativo y descriptivo, se identifica su relevancia como instrumento de resolución pacífica, que genera acuerdos de obligatorio cumplimiento y cuenta con protección especial del Estado, dada su relación con derechos fundamentales (Restrepo Vergara, 2017).Publication Vicisitudes en la conciliación extrajudicial por ocupación permanente de predios por empresas de servicios públicos sin servidumbre legalmente constituida(Corporación Universitaria Remington, 2025) Medina Rueda, Juan Carlos; Córdoba Mendoza, Lucas Alberto; Agudelo Taborda, SantiagoLa conciliación extrajudicial como mecanismo de solución de extrajudicial por conflictos originados por ocupación permanente de predios por empresas de servicios públicos sin servidumbre legalmente constituida, presenta una amplia gama de sucesos que deben ser analizados por parte del conciliador, dependiendo del tipo de servidumbre generadora del conflicto. La prestación de los servicios púbicos requieren servidumbre para, la generación, almacenamiento, conducción, o distribución, cada uno de ellos se rige por normatividad especial, y por ello es de suma importancia que el conciliador, tenga el conocimiento necesario de dicha normatividad, para determinar la procedencia de la constitución de la servidumbre y del proceso aplicable a dicho trámite. El conocimiento de las normas que rigen la prestación de los servicios públicos, aunado al conocimiento las normas que tratan sobre las servidumbres en general y las de cada servicio en particular, hará del conciliador un líder que podrá sortear con éxito los desafíos que se presenten en el trámite de conciliación extrajudicial en dichos temas, dando prevalecía al interés general sobre el particular y la función social de la propiedad privada.Publication La responsabilidad médica en Colombia : negligencia, tutela y conciliación como factores de congestión judicial(Corporación Universitaria Remington, 2025) Ramos Olea, Juan Hernán; Ortiz Agudelo, Marvin OctavioEste trabajo surge de una inquietud que en los últimos años se ha vuelto habitual a raíz de las obligaciones que nacen al cometer un error en la atención médica que provoca un daño al paciente. Si bien es un tema que pertenece al derecho civil, el tratamiento práctico del mismo depende en gran medida de cómo los jueces han venido entendiendo la responsabilidad médica en los últimos casos. Por tal razón, el proyecto se orienta a examinar resoluciones judiciales que han marcado tendencias y que permiten ver con más claridad cómo se aplica hoy el régimen de las obligaciones en este ámbito. La discusión no es sencilla. Cuando un médico incumple su deber de diligencia, lo que se pone en juego no es únicamente la corrección técnica del procedimiento, sino un conjunto de dilemas legales y éticos que suelen abrir debates complejos en los tribunales. El propósito del estudio es detectar ciertos patrones que se repiten en estos procesos: qué criterios usan los jueces para distribuir la responsabilidad, qué argumentos aparecen con mayor frecuencia y cómo se construyen las decisiones en disputas relacionadas con fallas en el acto médico. Además de la jurisprudencia, la investigación incorpora un análisis de la normativa vigente y la relaciona con la teoría general de las obligaciones. Esta mirada combinada permite comprender por qué algunos casos han tenido implicaciones más amplias y cómo se han ajustado los estándares exigidos a los profesionales de la salud. Un punto central del trabajo consiste en mostrar que las fallas en la atención no solo afectan a los pacientes sino que también contribuyen al aumento de tutelas, y demás, lo que se traduce en una mayor congestión del sistema judicial. Al final, se plantean posibles vías para mejorar la protección de ambas partes: quienes reciben el servicio médico y quienes lo prestan.Publication La efectividad del derecho a la vivienda digna en Colombia : un estudio de caso de las viviendas VIS y VIP(Corporación Universitaria Remington, 2025) Cardeño Camargo, Juan Camilo; Burgos Segura, Miguel Segundo; Herrera Sánchez, Arturo Enrique; Fernández, Jader AleansLa investigación analiza la efectividad del derecho a la vivienda digna en Colombia a partir del estudio de las Viviendas de Interés Social (VIS) y las Viviendas de Interés Prioritario (VIP). Se examina el marco constitucional y legal que regula este derecho, así como las políticas públicas y los programas de subsidios implementados por el Estado para garantizar su cumplimiento. Desde un enfoque jurídico y con método hermenéutico, se identifican los principales avances, limitaciones y desafíos que enfrentan los hogares colombianos para acceder a una vivienda adecuada. Los resultados evidencian que, a pesar de los esfuerzos institucionales, persisten barreras económicas, sociales y normativas que impiden la plena realización del derecho a la vivienda digna, lo que plantea la necesidad de fortalecer la articulación entre las políticas de vivienda, la financiación y la equidad social en el país.Publication Importancia de la conciliación extrajudicial con enfoque diferencial(Corporación Universitaria Remington, 2025) Rondón Troncoso, Samir Jhovany; Arias Triana, Angie AlexandraEl presente informe investigativo tiene como objetivo dilucidar la importancia de la conciliación extrajudicial como mecanismo alternativo de solución de conflictos en el marco de la Ley 2220 del 2022 desde un enfoque diferencial, sin olvidar que las necesidades de los variados grupos poblacionales deben ser analizadas y tomadas en cuenta para la creación de acciones gubernamentales que estén acordes con las buenas costumbres, el orden público y los intereses de los ciudadanos. Todo a vez que el Estado colombiano se caracteriza por ser un Estado Social de Derecho, y por consiguiente, debe velar por los derechos fundamentales y las libertades individuales de la gente de su territorio. Además, debe asumir un rol activo en la promoción de la justicia social y la reducción de la desigualdad. Para realizar esta investigación se llevó a cabo una revisión documental teniendo en cuenta el enfoque cualitativo que ésta requiere. Se revisarán artículos de investigación, libros, trabajos de grado, leyes, entre otros documentos de carácter académico y jurídico, que aportan positivamente al tema a tratar, sacando a relucir teorías y conceptos diferentes con relación a la conciliación, gracias al ejercicio mental de los autores pertinentes.Publication Análisis de la conciliación en la custodia familiar en Colombia(Corporación Universitaria Remington, 2025) Castro, Érika Rocío; Mondragón Duarte, Sergio LuisEl siguiente trabajo es un resultado de investigación que fue realizado en el año 2025 y pretendió analizar la custodia y el cuidado personal de menores de edad de conformidad con el Código de Infancia y Adolescencia; que fueron estudiados por diferentes autores que van con el estudio del tema en una realidad socio jurídica colombiana, como es el caso de los conceptos emitidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Jurisprudencia Constitucional, entre otros tantos autores de libros, revistas, ponencias y demás elementos que constituyeron a la composición del estado del arte, en materia investigativa. En mi investigación el enfoque va encaminado a la conciliación como mecanismo de solución alternativa de conflictos en la custodia y cuidado personal de menores de edad, la solución es como un medio por el cual dos o más personas resuelven por sí mismas de manera voluntaria y con absolutos efectos jurídicos, la solución de sus conflictos son con la ayuda de un mediador imparcial y apto llamado conciliador. Cuya característica particular del mecanismo de solución alternativo de conflictos es presentar una solución acorde con el problema sin resolver debido a que este método su fin principal es el de guiar a las partes para que descubran ellos mismos guiados por un tercero, su propia solución a sus controversias o disputas que a su vez es recíprocamente satisfactoria para ambas partes y con el mismo valor de una sentencia emitida por un juez. En el ámbito presente hoy se sigue considerando a la familia como centro o núcleo esencial de la sociedad, pero también se reconocen los procesos de separación y custodia familiar como procedimientos naturales debido a que hoy en día las mujeres están influenciadas por causas culturales, sociales y personales, el acceso a la información y a la educación ha hecho que ellas cambien su pensamiento que se cuestione el rol que se tiene en el matrimonio, por ende, en estos tipos de procesos la legislación colombiana permite que se aplique los mecanismos alternativos de solución de conflictos (conciliación). El resultado de la resolución del conflicto se plasma en actas de conciliación, en centros de conciliación extrajudicial en derecho y la duración del trámite. Egresos, ingresos, jurisdicción, naturaleza jurídica de los conflictos, operación estadística, operadores resultados de las solicitudes, servidores públicos habilitados para conciliar, SICAAC.Publication Conciliación en procesos de alimentos y custodia como una oportunidad para restaurar los vínculos familiares(Corporación Universitaria Remington, 2025) Calderón Almeida, Laura Liset; Mondragón Duarte, Sergio LuisEn Colombia, los conflictos familiares por custodia y alimentos suelen generar rupturas emocionales profundas, afectando especialmente a los niños. Aunque la conciliación extrajudicial en derecho se ha promovido como un mecanismo eficaz para resolver estos asuntos, aún persisten dudas sobre su verdadero impacto en la restauración de los vínculos familiares. A partir de la pregunta ¿Hasta qué punto la conciliación en procesos de custodia y alimentos permite restaurar vínculos familiares y garantizar el interés superior al menor?, este trabajo se propuso analizar su función restaurativa. El estudio se desarrolló mediante una metodología cualitativa de tipo exploratorio-documental, revisando fuentes normativas, doctrinales y jurisprudenciales. Como resultado, se identificó que la conciliación puede ser una herramienta poderosa siempre que se garantice la equidad, se priorice el interés superior del niño y se cuente con un acompañamiento adecuado. La conclusión más significativa apunta a que la conciliación, más que un trámite legal, debe entenderse como una oportunidad para sanar, dialogar y reconfigurar las relaciones familiares desde el respeto y la corresponsabilidad.Publication El impacto de las políticas públicas de conciliación en equidad de género en Colombia : una propuesta de implementación en los colegios(Corporación Universitaria Remington, 2025) Palma Huertas, Jenny Liseth; Chavarro Martínez, Nathaly; Ortiz Agudelo, Marvin OctavioEl presente artículo tiene como objetivo analizar el impacto de las políticas públicas de conciliación en equidad de género en Colombia y desde allí se lleva a cabo una reflexión sobre cómo implementarla en el ámbito educativo. Para conseguirlo se establece una revisión documental sobre el marco normativo y las estrategias institucionales que han buscado la participación equitativa de hombres y mujeres en los procesos de conciliación. De igual manera, se identifican los principales retos que surgen al momento de implementar dichas políticas. En tercera instancia se plantea un modelo para trasladar la conciliación en equidad de género a las instituciones educativas. Para la construcción de este artículo se llevó a cabo un proceso investigativo de tipo cualitativo y se adoptó un enfoque socio-jurídico con miras a generar una mirada crítica a las políticas públicas en temas de conciliación en equidad de género en Colombia y buscar una implementación en contextos reales. De esta manera, se espera que con esta labor académica se brinde un aporte a la construcción de una sociedad sin violencias basadas en género, se promueva un cambio cultural que fortalezca a las escuelas en temas de resolución de conflictos, inclusión y respeto por la diversidad.Publication Análisis normativo y jurisprudencial del régimen de transición contemplado en el artículo 75 de la Ley 2381 de 2024 y su impacto en la seguridad jurídica de los afiliados al sistema pensional colombiano(Corporación Universitaria Remington, 2025) Chaverra Espitia, Emerson; Rodríguez Yanez, Kiara Inés; Ríos Din, Luis Alberto; Bedoya Castaño, Jorge AlexisLa presente tesis analiza la reciente reforma al sistema pensional colombiano, con un enfoque particular en el régimen de transición contemplado en el artículo 75 de la Ley 2381 de 2024. El estudio examina cómo esta disposición, concebida para proteger las expectativas legítimas de los afiliados próximos a cumplir los requisitos de pensión, se alinea con los principios constitucionales de seguridad jurídica y favorabilidad. Históricamente, el sistema pensional de Colombia, caracterizado por su modelo dual (RAIS y RPM), ha enfrentado graves problemas de baja cobertura, inequidad y sostenibilidad financiera. En respuesta a estos desafíos, la Ley 2381 de 2024 introduce una estructura de pilares y nuevos requisitos. La investigación se centra en analizar si el régimen de transición actúa como un puente efectivo para los afiliados o si, por el contrario, genera incertidumbre y potenciales vulneraciones de derechos. A través de un análisis normativo y jurisprudencial, la tesis profundiza en los criterios de elegibilidad del régimen de transición y su implicación para los trabajadores. Se revisa las decisiones jurisprudenciales de la Corte Constitucional acerca casos de transición anteriores y así proyectar el posible impacto de la nueva ley. En conclusión, el estudio busca determinar si el nuevo marco legal logra que se equilibre de forma justa la reforma estructural y la salvaguarda de los derechos adquiridos, ofreciendo una perspectiva crítica sobre los desafíos y oportunidades que presenta el sistema pensional del país.Publication Conciliación y mediación como mecanismos de gestión de conflictos penales en Colombia(Corporación Universitaria Remington, 2025) Rincón Franco, Leidy Johana; Herrera Castro, Francisco Antonio; Arias Triana, Angie AlexandraEste artículo busca analizar desde una perspectiva sociojurídica el papel de la conciliación y la mediación penal como mecanismos alternativos de gestión de conflictos en el sistema penal colombiano. Para su desarrollo se toma como pregunta problematizadora ¿cuáles son las diferencias sustantivas, los límites jurídicos y el potencial restaurativo de la conciliación y la mediación penal en Colombia? Para responder este interrogante se plantea una metodología de tipo cualitativo y utiliza una perspectiva sociojurídica a partir de la revisión de literatura científica sobre el tema, estudio normativo y jurisprudencial. La labor investigativa permite sostener que la conciliación y mediación penal responden a lógicas procesales distintas, con marcos legales específicos, competencias diferenciadas y alcances particulares sobre los derechos de las víctimas y la comunidad. Sin embargo, también se puede concluir que, a pesar de que estos mecanismos ofrecen oportunidades valiosas para humanizar la justicia penal y descongestionar el sistema, todavía hace falta superar resistencias institucionales para garantizar su consolidación efectiva.Publication La desigualdad en la economía de cuidado en las familias nucleares que asisten al Centro de Conciliación Gustavo Vásquez Betancourt en la ciudad de Medellín a partir año 2021, hasta la actualidad(Corporación Universitaria Remington, 2025) Rojas Zuleta, Isabella; Sepúlveda Carmona, Ricardo; Mazo Cortés, Isabel; Mondragón Duarte, Sergio LuisCon base en datos estadísticos, se identifica la problemática actual por la que pasan muchas mujeres colombianas; la desigualdad en la economía de cuidado no remunerado (se hace necesaria la distinción porque hay personas, en especial mujeres que tienen como trabajo la economía de cuidado en hogares diferentes al suyo, y estos son remunerados) A finales de 2013, el DANE presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Usos del tiempo –ENUT, en aplicación de la ley 1413 de 2010, a partir de la cual se creó una cuenta satélite para la contabilización del valor económico del cuidado y su aporte al crecimiento económico. Los resultados de esta encuesta logran evidenciar cómo los estereotipos tradicionales de género se expresan también en el trabajo no remunerado, donde se presentan para las mujeres unas mayores cargas de cuidado que se explica por los imaginarios culturales de lo femenino y lo masculino, donde el cuidado del otro se entiende como connatural al hecho de ser mujer, como parte de una “moral femenina”. (Lucía, 2016) El avance más grande que se tiene respecto a legislación es la Ley 1413 de 2010, que incorpora el concepto de economía del cuidado al ordenamiento jurídico. Con esta ley, empezaron a ocurrir varias cosas. Primero, se crea una Dirección de Asuntos de Género al interior del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), encargada de hacer mediciones sobre la contribución de las mujeres a la economía nacional. Segundo, se reconoce la importancia del trabajo del cuidado no remunerado en el desarrollo económico y tercero, se crea la Encuesta de Uso del Tiempo, cuyo objetivo es medir el tiempo dedicado a la realización de diferentes actividades (trabajo remunerado, trabajo no remunerado, estudio, recreación y ocio, entre otras). Con las cifras de esta última, hemos confirmado que las mujeres gastan, en promedio, entre 12 y 14 horas diarias en trabajos de cuidado, mientras que los hombres entre 2 y 3. Por ahora, las estadísticas del DANE sobre la economía del cuidado se dan en tiempo y no en valor monetario. Sabemos que las mujeres gastan más horas de su tiempo en el trabajo de cuidado no remunerado que los hombres. Estudios pasados, realizados hace unos 15 años, estimaron que las actividades de la economía del cuidado representaban cerca del 30% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Fácilmente la cifra actual sería cercana a esa. (Jaramillo, 2021) El Plan de Economía de Cuidado para Antioquia es un instrumento de planeación pública que posibilita reflexiones y acciones que promueven nuevas formas de ordenamiento social alrededor del cuidado y su reconocimiento como derecho y libertad. Es una iniciativa promovida por la Secretaría de Mujeres de Antioquia como parte esencial de la Política Pública de Mujeres y un camino para continuar situando en el centro del debate público del cuidado como derecho que debe ser garantizado por el Estado, en corresponsabilidad con el sector privado (mercado), la Comunidad y la Familia, de manera que sea valorada su importancia y equilibrada su provisión para liberar a las mujeres de esta responsabilidad asignada culturalmente. (Antioquia G. d., 2020). Lo anterior se logra evidenciar al comparar las cifras de hombres y mujeres que asisten al Centro de Conciliación Gustavo Vásquez en la ciudad de Medellín buscando llegar a un acuerdo entorno a cuidados, alimentos, educación de sus hijos. En virtud de lo anterior podría surgir la siguiente pregunta: ¿Qué efectos tiene la desigualdad en la economía de cuidado en las familias nucleares que asisten al Centro de conciliación Gustavo Vásquez Betancourt en la ciudad de Medellín desde el año 2021, hasta la actualidad?.Publication Constitución de una red de apoyo intermunicipal : propuesta de federación para los cuerpos de bomberos voluntarios en el Magdalena Medio Antioqueño(Corporación Universitaria Remington, 2025) Pérez Flórez, Mariana; Agudelo Taborda, SantiagoEl presente informe recoge la práctica social realizada en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Puerto Berrío, Antioquia, cuyo propósito fue la formulación de una propuesta para la creación de una federación de cuerpos bomberiles integrada por los municipios de Puerto Berrío, Remedios, Segovia, Vegachí y Cáceres. La iniciativa surge de la necesidad de fortalecer la gestión integral del riesgo mediante una red de apoyo intermunicipal que optimice la respuesta a emergencias, amplíe la cobertura territorial y mejore la capacidad de gestión de recursos. Durante dos meses se desarrollaron actividades de diagnóstico institucional, reuniones con comandantes de los cuerpos de bomberos, elaboración de minutas de acta de constitución y estatutos preliminares, así como un análisis de viabilidad técnica, jurídica y administrativa. Los resultados evidenciaron la receptividad positiva de los comandantes y la identificación de beneficios como la recolección masiva de recursos y el mayor posicionamiento ante autoridades y entidades públicas.Publication Conciliación virtual - Modernizando el acceso a la justicia(Corporación Universitaria Remington, 2025) Varon Salguero, Francelena; Arboleda Carmona, Jimmy Alexis; Arias Triana, Angie AlexandraEste artículo explora cómo la conciliación virtual ha transformado el acceso a la justicia en Colombia, especialmente a raíz de la pandemia del COVID-19 y la implementación de la (Ley 2220 - Estatuto de Conciliación, 2022). Gracias a esta modalidad muchas personas han podido resolver sus conflictos sin necesidad de desplazarse, lo que representa un avance significativo en términos de inclusión y eficiencia. Un aspecto fundamental es la opción de grabar las audiencias virtuales ya que estas aportan transparencia y permiten hacer seguimiento a lo discutido, aunque por ahora no tienen valor probatorio dentro de los procesos judiciales, lo que limita su utilidad en caso de disputas posteriores. Este análisis indica que hay una falta de regulación sobre la validez legal de estas grabaciones, lo que produce incertidumbre y puede impactar la confianza en el sistema. Mediante un enfoque cualitativo y exploratorio, se examina el marco legal vigente, que incluye el Código General del Proceso, la Ley 2220 y diversas resoluciones institucionales para comprender mejor este fenómeno. Asimismo, se investigan los desafíos que enfrentan los centros de conciliación tanto públicos como privados, así como los consultorios jurídicos universitarios. Aunque se resaltan beneficios como la reducción de costos y una mayor inclusión, también se admiten desafíos importantes, como la brecha digital y la urgente necesidad de proteger adecuadamente la información personal.