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El debido proceso en la imposición de multas y en la efectividad de la cláusula penal en la contratación estatal colombiana

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Corporación Universitaria Remington

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El proposito de esta investigacion es establisher hasta dónde las reglas vigentes en Colombia ofrecen una protección suficiente del debido proceso, cuando una entidad estatal impone una multa contractual o declara el incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal. La revisión no parte de la idea de que la sola existencia de una audiencia resuelva el problema, por lo cual se contrastaron las fuentes a partir de siete (07) aspectos concretos: competencia, información previa, oportunidad de defensa, contradicción probatoria, motivación, proporcionalidad y recursos. Acuediendo a una metodología cualitativa, jurídico-hermenéutica y documental. La búsqueda se cerró el 31 de agosto de 2026 y el corpus principal quedó integrado por veintitrés fuentes normativas, jurisprudenciales, doctrinales e institucionales consultadas en repositorios oficiales y universitarios, asi mismo del análisis se desprende que los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011 ofrecen una estructura formal relevante para el debido proceso; delimitan la competencia, exigen información previa, reconocen audiencia y defensa, permiten la controversia probatoria y obligan a motivar la decisión. No obstante, el verdadero valor de estas garantías solo se nota cuando se observa de cerca los detalles de cada caso. Esto es clave a la hora de evaluar las pruebas, garantizar que los castigos sean justos y proporcionales, revisar el sentido de las cláusulas penales y definir los tiempos para las multas. La conclusión de esta investigación es clara; el procedimiento funciona y esta cualificado para proteger el debido proceso, siempre que se cumpla una condición innegociable, como es que; las reglas no pueden quedarse en el papel, estas garantías deben aplicarse en la vida real y tener un peso definitivo en las decisiones administrativas.

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