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La ausencia de imputabilidad de la responsabilidad, por prisión preventiva, ante la inconstitucionalidad de la sentencia de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado

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Corporación Universitaria Remington

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En un Estado social de derecho como el nuestro, se establecen unas reglas dirigidas a regular las relaciones entre las autoridades públicas, los asociados y el derecho, dentro de las cuales, encontramos los fines del Estado, y uno de ellos consiste en proteger y garantizar la efectividad de los derechos y deberes consagrados en la Constitución Política y en la ley, ello implica el impulso de políticas públicas de protección, cuidado, certeza, disfrute y goce de los derechos civiles y políticos del ciudadano, debiendo restringirse toda practica que atente en contra del equilibrio social, justo y equitativo y, en el evento que con ocasión de las actuaciones de dichas autoridades públicas, se le cause daño a particular, el Estado estará obligado a restablecer el orden justo frente aquel que haya sufrido un perjuicio si tener la obligación de soportar dicha carga pública. De ahí que uno de los fines fundamentales del Estado colombiano, (Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política, 1991, artículo 2º, fines del Estado) es el “mantenimiento del orden justo”, entendiendo por tal, aquel deber que tiene el Estado de reestablecer el equilibrio frente a las cargas públicas, cuando con ocasión de una actividad o actuación de las autoridades públicas, se le causa un daño antijurídico a un particular, sin que éste tenga el deber legal de soportar dichas cargas.

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