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Implementación de medios técnicos y de comunicación según Decreto N° 806 de 2020 y Ley 2213 de 2022

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Corporación Universitaria Remington

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El presente estudio analiza críticamente el acceso a la justicia digital en áreas rurales de los municipios de Piedecuesta y Floridablanca (Santander), con base en el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022. Se examina la utilización de las notificaciones por mensaje de datos (notificación personal por medios electrónicos), su encuadre normativo (Decreto 806 de 2020 y Ley 2213 de 2022) y las implicaciones prácticas para el derecho de defensa y el acceso a la tutela judicial. Se aplicó un enfoque hermenéutico y de análisis documental complementado con revisión de políticas públicas y estadísticas. Se concluye que la digitalización ofrece oportunidades para mejorar el acceso a la justicia, pero impone desafíos técnicos, institucionales y de equidad que requieren intervención estatal. La investigación aborda las transformaciones introducidas por el Decreto 806 de 2020 y posteriormente adoptadas de manera permanente mediante la Ley 2213 de 2022, normas que promovieron el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en las actuaciones judiciales como respuesta a las dificultades generadas por la pandemia del COVID-19. Metodológicamente, el estudio se desarrolla desde un enfoque hermenéutico y analítico, mediante la revisión normativa, doctrinal y jurisprudencial sobre el acceso a la administración de justicia y el debido proceso en escenarios digitales. Asimismo, se examinan las principales barreras de acceso tecnológico que enfrenta la población rural para ejercer plenamente sus derechos procesales. Como resultado, se evidencia que la digitalización judicial representa un avance significativo en materia de celeridad y descongestión judicial; sin embargo, persisten dificultades relacionadas con la brecha digital, la falta de infraestructura tecnológica y las limitaciones de conectividad en sectores rurales, factores que pueden generar afectaciones al debido proceso y al acceso efectivo a la justicia.

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