Especialización en Responsabilidad Contractual y Extracontractual del Estado
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El egresado de la especialización en Responsabilidad Contractual y Extracontractual del Estado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de Uniremington es un profesional con una sólida formación académica que lo faculta para el desempeño del derecho público en nuestro país, toda vez que acredita un amplio conocimiento del ordenamiento jurídico colombiano procedimental.
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Browsing Especialización en Responsabilidad Contractual y Extracontractual del Estado by Subject "Control de constitucionalidad"
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Publication Análisis de la constitucionalidad del artículo 61 de la Ley 2010 de 2019, el cuál modifica el artículo 60 del Estatuto tributario nacional, y su posible vulneración de los artículos 58, 83 y 333 de la Constitución política de Colombia(Corporación Universitaria Remington, 2021) García Díaz, Adrián ArnobisEl Artículo 61 de la Ley 2010 de 2019 o Ley de Crecimiento Económico, el cual modifica el Artículo 90 del Estatuto Tributario Nacional, en cuanto a la obligación de la declaración juramentada para determinar el valor comercial de los bienes, podría presentar una causal de inconstitucionalidad, debido a que los negocios jurídicos civiles, comerciales y fiscales, podrían estar limitados por la aplicación de dicha norma, ya que, muchos acuerdos o actos jurídicos debe estar certificados ante notaria, muchos de estos como lo son la enajenación, no cumplen con el requisito de valor comercial establecido por la ley; por consiguiente, no se podría realizar el trámite ante notaría, limitando derechos constitucionales.Publication Análisis de la sentencia C-163/20, sobre la constitucionalidad del decreto 499/20, para la adquisición de material médico y de protección personal en el mercado internacional a raíz de la pandemia, y el cumplimiento de los principios de contratación estatal de trasnparencia, planeación y responsabilidad(Corporación Universitaria Remington, 2021) Botero Morales, Carlos AndrésEn el año 2020, el mundo vivió uno de los acontecimientos que más han perturbado a la sociedad, tanto desde el punto de vista de la salud como social y económicamente, el Covid – 19, que llevó a que los países cerraran las fronteras, el comercio y demás actividades que los ciudadanos solían programar con frecuencia, con el propósito de evitar el mayor número de contagios y muertes. En el caso de Colombia, no se presentó la excepción, ya que el Gobierno tuvo la obligación de decretar un confinamiento obligatorio buscando la disminución de los casos positivos, tomando medidas como las ayudas económicas a personas y empresas menos favorecidas, y que se vieron afectadas por las acciones ejercidas por el Estado, en salvaguarda de la salud pública.Publication Procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales en Colombia(Corporación Universitaria Remington, 2022) Sosa Jaramillo, Betty; Galvis Villegas, Leidy Tatiana; Mondragón Duarte, Sergio LuisEn este informe, se estudia la procedibilidad de la acción de tutela frente a las decisiones de los jueces y magistrados, o providencias judiciales, como mecanismo de protección ante la vulneración de derechos fundamentales al momento de que sea proferida una sentencia judicial por diferentes causales ya sean genéricas o especiales. Se describe cómo se reguló inicialmente este mecanismo por decreto tras la promulgación de la Constitución Política de 1991 y luego se transformó en una figura de uso excepcional que la Corte Constitucional fue regulando por vía jurisprudencial al ir sentando los requisitos de procedibilidad mediante sentencias unificadoras y pronunciamientos de revisión de tutelas por parte de este tribunal encargado del control de constitucional de todas las decisiones celebradas en el ordenamiento jurídico que no garanticen la guarda de la constitución por violación de los derechos fundamentales. La Acción de Tutela contra providencias judiciales se erige como una acción de control constitucional, la cual garantiza que la misma autoridad judicial en sus decisiones no sea inmune a la protección y el respeto de los derechos fundamentales de los sujetos procesales.