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La legitimidad de los actos administrativos electrónicos en el marco de las actuaciones administrativas

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Universidad de Caldas

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Grupo de Investigaciones Sociojurídicas - GISOR
El Grupo de investigaciones socio jurídicas de la Corporación Universitaria Remington (GISOR) trabaja por plantear investigaciones que contribuyan a la solución de problemáticas reales en contextos jurídicos y sociojurídicos, a partir de aportes interpretativos, argumentativos y correlacionales, para la comprensión de fenómenos cívicos, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y tecnológicos. Áreas temáticas: Derecho constitucional, Derecho administrativo, Derecho penal, Derecho laboral, Seguridad social, Derecho civil, Derecho de familia, Derecho comercial, Derecho financiero, Tecnología jurídica de la información y la comunicación, Derechos humanos, Sostenibilidad, Control judicial, Los ODS, sus políticas y regulaciones. Líder: Sergio Luis Mondragón Duarte Correo: sergio.mondragon@uniremington.edu.co Línea matriz: Estudios Jurídicos y Políticos Líneas de investigación: 1. Constitucionalización del Derecho / Aldemar Guzmán Quintero - aldemar.guzman@uniremington.edu.co 2.Derechos humanos, sostenibilidad y control judicial / Sergio Luis Sánchez Rengifo - sergio.sanchez@uniremington.edu.co

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Abstract

La presente investigación tiene como objetivo dar a conocer la legitimidad de los actos administrativos electrónicos en el marco de las actuaciones administrativas, para lo cual se aborda el tema por medio de un enfoque cualitativo, basado en el método hermenéutico, que permite dilucidar el alcance de los resultados de la investigación por medio de la interpretación de textos normativos, jurisprudenciales y doctrinales. En ese sentido, partiendo de una revisión documental exhaustiva de fuentes bibliográficas confiables, se obtiene como resultado principal de esta pesquisa, que los actos administrativos electrónicos tienen la misma validez que los actos administrativos físicos, siempre que satisfagan los requisitos de autenticidad, integridad y disponibilidad, para efectos probatorios, tanto ante la misma administración como ante la administración de justicia, en el marco del principio de equivalencia funcional.

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