Especialización en Derecho Penal

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https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/2143

Dirigido a abogados litigantes y profesionales del derecho, en general; asesores y consultores de empresas privadas y públicas, funcionarios de despachos judiciales, jueces, magistrados y docentes universitarios.

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Alcance y responsabilidad en el homicidio culposo y el delito de lesiones en el transito de vehículo y motocicletas
(Corporación Universitaria Remington, 2024) Hoyos Mateus, Nazarena; López Rhenals, Alonso de Jesús
El ensayo analiza el alcance y la responsabilidad jurídica en los delitos de homicidio culposo y lesiones derivados de accidentes de tránsito, enfocado en conductores de vehículos y motocicletas. En Colombia, el derecho penal ha buscado equilibrar la dogmática jurídica con la política criminal para garantizar un sistema justo y coherente, respetando la dignidad humana y los derechos fundamentales. El problema legal abordado gira en torno a la identificación de los elementos que configuran la responsabilidad penal en estos casos y cómo las normativas actuales establecen los niveles de culpabilidad. El objetivo es determinar los factores que influyen en estos delitos para proponer mejoras legales que refuercen la responsabilidad social de los conductores. El ensayo desarrolla el análisis en torno a los delitos dolosos y culposos, destacando que, mientras el dolo implica la intención de cometer el delito, en los delitos culposos la negligencia o imprudencia del conductor es central. En muchos casos, los accidentes son causados por conductores en estado de embriaguez, lo que agrava la responsabilidad, y se plantea la posibilidad de aplicar sanciones por dolo eventual cuando se demuestra que el conductor era consciente del riesgo. Desde el punto de vista legal, el homicidio culposo y las lesiones están regulados en el Código Penal, y la responsabilidad puede extenderse a terceros, como empresas de transporte. Se subraya la importancia de la correcta recolección de pruebas, como informes periciales y testimonios, para determinar la culpa. En términos sociales, los accidentes de tránsito generan un impacto devastador y una cultura de des responsabilización, por lo que se sugiere mejorar la educación vial para cambiar esta mentalidad. El ensayo propone aumentar la efectividad en la recolección de pruebas mediante el uso de tecnologías como cámaras de vigilancia y sistemas de telemetría. Además, se destaca la necesidad de un marco normativo coherente que contemple sanciones más estrictas para reducir la reincidencia y promover una mayor seguridad vial. Concluye que solo con un enfoque integral que combine la responsabilidad penal, educación vial y mejoras tecnológicas, se podrá fomentar una cultura de respeto en las vías y reducir estos trágicos eventos.
La evolución de la legítima defensa en el derecho penal : un análisis comparativo
(Corporación Universitaria Remington, 2024) Amaya Soto, María José; López Rhenals, Alonso de Jesús
Este texto analiza cómo ha cambiado y evolucionado la idea de la legítima defensa en diferentes sistemas legales, subrayando su importancia tanto histórica como actual en el contexto del uso de la fuerza y la violencia. A lo largo del tiempo, la violencia ha estado presente, pero con el tiempo se han adoptado medidas, como la Carta de las Naciones Unidas de 1945, que buscan regular el uso de la fuerza, exigiendo que sea un recurso legal y no una herramienta política. La legítima defensa se presenta como una excepción en el uso de la violencia, aunque su interpretación varía mucho según la jurisdicción. El ensayo propone comparar sistemas legales, como el derecho civil y el common law, para entender los factores culturales y legales que han influido en esta evolución. A pesar de que el principio de defensa propia es común, su aplicación cambia de manera importante según el contexto, lo que puede afectar la protección del derecho a la defensa frente a la violencia. Se analiza el concepto de legítima defensa y sus bases legales, destacando la importancia de cumplir con requisitos como la proporcionalidad y la inminencia del ataque. Se señalan las diferencias entre el derecho civil, más formal y restrictivo, y el common law, que suele ser más flexible, mostrando ejemplos de su aplicación. El texto también examina cómo factores sociales y cambios en la percepción de la seguridad han influido en las leyes de legítima defensa. Mientras en EE. UU. se ha ampliado este derecho con doctrinas como "stand your ground", en Europa sigue siendo más restringido. Por último, se comentan los desafíos legales que enfrenta la legítima defensa, como el riesgo de criminalizar a las víctimas o la necesidad de regular mejor el uso de la fuerza policial. Se sugiere una nueva forma de entender la legítima defensa, que sea más equilibrada y acorde con la realidad actual, respetando tanto los derechos individuales como el papel del Estado en la seguridad pública. La conclusión enfatiza la importancia de encontrar un balance entre la protección de los individuos y la regulación estatal de la violencia, destacando que las normas deben ser flexibles y contextuales para hacer justicia en situaciones complejas.
Impacto de la extorsionen en el desarrollo socioeconómico de San Antero - Córdoba : perspectiva desde el derecho penal
(Corporación Universitaria Remington, 2024) Moreno Espitia, Luis David; Payarez Vásquez, María Claudia; López Rhenals, Alonso de Jesús
Este ensayo examina el fenómeno de la extorsión en San Antero, evaluando el marco legal colombiano y las estrategias para combatir este delito. Se analizan leyes como la Ley 418 de 1997, el Decreto 1542 de 1998, y resoluciones recientes que refuerzan la protección de testigos y el uso del Código de Extinción de Dominio. Se identifican desafíos en la implementación de estas leyes, incluyendo la falta de recursos y coordinación, así como la necesidad de involucrar a las comunidades en la prevención. También se destaca la relevancia de la cooperación internacional y la inteligencia financiera en la lucha contra la extorsión. El ensayo concluye que un enfoque integral, que involucre la aplicación de la ley, la participación ciudadana y el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia, podría ser efectivo para reducir el impacto de la extorsión en la región. Se recomienda investigar futuras mejoras en la coordinación entre las fuerzas de seguridad y las comunidades para potenciar la eficacia de las estrategias preventivas.
Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y su eficacia en el sistema penal colombiano
(Corporación Universitaria Remington, 2024) Garcés Morelo, Fredis Luis; López Rhenals, Alonso de Jesús
En el sistema penal colombiano, este ensayo evalúa cómo los MARC, incluyendo la conciliación, la mediación y la justicia restaurativa, se desempeñan en contraste con los desafíos que plantea el proceso penal convencional. La investigación se centra en la capacidad de estos mecanismos para reducir la congestión judicial, prevenir la reincidencia y ofrecer una reparación efectiva a las víctimas. El ensayo introduce el problema legal de la evaluación de los MARC en Colombia, destacando sus beneficios potenciales y las limitaciones prácticas. Se establece el objetivo general de analizar la eficacia de estos mecanismos y se plantea la hipótesis de que, a pesar de su potencial, su impacto está limitado por factores como la falta de recursos y resistencia cultural. Se aborda la implementación y el marco normativo de los MARC, resaltando las leyes 906, 1826 y 1955 de 2004, 2017 y 2019 respectivamente. Se exploran los principios constitucionales y los estándares internacionales que respaldan los MARC, pero también se identifican desafíos significativos como lagunas normativas, resistencia cultural y desigualdades en la accesibilidad. Se argumenta que, a pesar de su capacidad para ofrecer soluciones más humanas y participativas, la eficacia de los MARC está comprometida por problemas prácticos y culturales. La conclusión resume los hallazgos del ensayo, destacando que los MARC representan una oportunidad para mejorar la justicia penal en Colombia, pero requieren reformas significativas para superar sus limitaciones. Se enfatiza la necesidad de una mayor formación para los operadores judiciales, una reforma normativa para aclarar y unificar las reglas de aplicación, y un fortalecimiento de las políticas públicas para garantizar la accesibilidad de estos mecanismos en todo el país. La conclusión también sugiere la importancia de continuar evaluando y ajustando los MARC para optimizar su impacto y cumplir con su potencial transformador.
El principio de proporcionalidad en el derecho penal colombiano : garantía de justicia y equidad
(Corporación Universitaria Remington, 2024) Castro Sánchez, Harold Javier; López Rhenals, Alonso de Jesús; de la Ossa Sánchez, Edelberto; Valencia Burgos, Luis Carlos
El presente escrito tipo ensayo jurídico abarca la conceptualización, caracterización y aspectos constitucionales, legales y jurisprudenciales del principio de proporcionalidad en el escenario del Derecho Penal colombiano desde una mirada a la imposición de sanciones penales con justicia y equidad. El objetivo general es analizar el principio de proporcionalidad en el Derecho Penal colombiano como una garantía a la justicia y la equidad. Para realizar este ensayo se partió de la técnica de revisión documental en investigaciones cualitativas examinando la literatura normativa, jurisprudencial y doctrinal en materia de proporcionalidad en la penalización de delitos en el sistema penal colombiano. Esta revisión documental permite obtener dentro de los resultados, la esencia garantista del principio de proporcionalidad dentro del Estado Social de Derecho, teniendo la connotación de un equilibrio entre la comisión de un delito y la pena que debe recibir quien delinque para resarcir el daño antijurídico, responder judicialmente ante la sociedad y demostrar el poder punitivo del Estado sin pasar los límites de las garantías de justicia y equidad. Lo anterior, resulta complejo cuando los delitos cometidos tienen un gran impacto social y la misma sociedad espera castigos severos. Aquí, resulta imperativo que el Estado logre cumplir los postulados legales de proporcionalidad de la pena y los fines sociales del Estado consagrados en el artículo 2° de la Constitución Política de 1.991.

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