Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)Restrepo Tamayo, John FernandoCenteno Cardona, ElkinGrupo de Investigaciones Sociojurídicas - GISOR2026-02-272026-02-2720211984-81611984-9729https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/9273https://doi.org/10.26512/lstr.v13i2.36087El presente trabajo se propone presentar los elementos fácticos y jurídicos que utiliza la Corte Constitucional de Colombia para expedir la Sentencia T-030 de 2020, en la que se hace explícita la relación que existe entre el acceso a internet y la educación. Para elaborar este análisis se optó por emplear una metodología cualitativa con enfoque crítico-analítico referido sobre la sentencia y la base jurídica sobre la que se decide la protección del derecho a la educación en favor de la población infantil del orden rural. Establece la Corte Constitucional que el acceso a internet es un derecho constitucional que el Estado de proveer conforme al principio de progresividad que soporta la calidad de la educación, entendida como un presupuesto esencial para acceder a la ciencia, el saber y tomar parte activa en las decisiones públicas y sociales que le ayudan a un sujeto a convertirse en un actor de cambio e interacción social.application/pdfspaDerechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026EducaciónInternetPoblación RuralProgresividadJusticia MaterialArtículo de revistainfo:eu-repo/semantics/openAccess10.26512/lstr.v13i2.36087http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Derecho a la educaciónEducaciónEducación por internet