Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)Arango Navarro, Delio DavidRamírez Acevedo, Jaime ErnestoCañizalez López, Lucero2025-11-282025-11-282025https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/8731La Resolución IGAC No. 1092 de 2022 establece una metodología de valoración para servidumbres legales que calcula indemnizaciones basadas en afectaciones parciales del predio, sin respaldo normativo superior, lo que genera dudas sobre la protección del derecho de propiedad, consagrado en el artículo 58 de la Constitución. El objetivo general consiste en analizar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños derivados de esta resolución en la valoración de servidumbres legales, asegurando que se respeten los derechos constitucionales y se garantice una reparación justa y proporcional, una reparación que, en la práctica, parece insuficiente. El método de investigación se centra en un análisis documental jurídico; basado en la revisión de la Resolución 1092, la normativa constitucional y civil —Código Civil, Ley 56 de 1981—, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, y la doctrina relevante; también se incluye la aplicación referencial de metodologías valuatorias, como la denominada RACE, para cuantificar el valor del derecho real de uso y goce, un valor que la metodología oficial tiende a subestimar. El resultado principal evidencia que la metodología oficial produce indemnizaciones insuficientes, al omitir la pérdida total y definitiva del derecho real de uso y goce sobre la franja gravada, configurando un daño antijurídico imputable al Estado.10 p.application/pdfspaDerechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025Responsabilidad patrimonial del EstadoServidumbres legalesResolución 1092InconstitucionalidadTrabajo de grado - Especializacióninfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2JurisprudenciaResponsabilidad del EstadoDerecho de propiedad